Últimamente se está planteando seriamente, incluso desde organismos públicos y ayuntamientos, el control de temperatura corporal por parte de los usuarios previa la entrada a establecimientos, comercios, y entidades administrativas. La Agencia Española de Protección de Datos ya alertó hace algunos días sobre los peligros de este tipo de prácticas, advirtiendo de su ilegalidad, e incluso de la posibilidad de que, quienes lo lleven a cabo, se arriesguen a tener que enfrentarse a multas.
Y es que, a diferencia de otros países, el sistema jurídico español es enormemente garantista con el ciudadano. Es decir, al contrario que en otros países con gobiernos dictatoriales o menos democráticos, el sistema español trata de proteger, en la medida de lo posible, los derechos de los ciudadanos a su intimidad. Y este tipo de prácticas de control de acceso deben, por ello, ser establecidas siguiendo unos estrictos protocolos y, además, con todas las garantías de las autoridades sanitarias. No vale que un ayuntamiento, o un comerciante, o cualquier "pirado" simplemente "porque le dé la gana", se ponga a medir la temperatura "a todo ciudadano" que pase ante su puerta sin más ni más.